Una llamada de un vecino avisándole de que corriera a la casa que casi había acabado de construir despertó al alba a Nader Elayan. Cuando llegó era demasiado tarde: un buldozer estaba echando abajo las paredes. Más de cien guardas de seguridad israelíes contenían a los vecinos.
La demolición, que se llevó a cabo hace cuatro años, dejó a Nader Elayan, a su mujer, Fidaa, ahora embarazada, y a sus dos niños pequeños sin más lugar para vivir que una habitación en la ya abarrotada casa de su hermano. Es la única tierra que posee y ha invertido todos los ahorros en construir la ahora demolida casa.
En los últimos años dos docenas de otras familias del pueblo palestino de Anata, a las afueras de Jerusalén este, han compartido el mismo destino que Nader Elayan. Otros cientos más de familias tienen órdenes de demolición pesando sobre sus casas. “ No se ha concedido el permiso para construir una casa ni a una sola persona de mi barrio”, dice Nader Elayan, de 37 años.
El problema de la demolición de casas afecta a los palestinos de todos los territorios ocupados. Pero según Hatem Abdelkader, un asesor de Salam Fayyad, el primer ministro palestino, la situación es particularmente grave en la zona de Jerusalén este.
Indicó que el resultado de la política de Israel de denegar los permisos de construcción a muchos de los 250.000 palestinos de Jerusalén este ha sido la clasificación de 20.000 casas de la ciudad como ilegales desde que empezó la ocupación en 1967. Sólo el año pasado el ayuntamiento de Jerusalén emitió más de mil órdenes de demolición de “viviendas ilegales”. Se cree que tres de cada cuatro casas palestinas en la ciudad están construidas sin permiso.
“La construcción ilegal es simplemente un pretexto para destruir las casas y las vidas de las familias palestinas”, afirma Jeff Halper, director del Comité Israelí contra la Demolición de Casas (ICAHD, por sus siglas en inglés).
“Las demoliciones forman parte de una política de detener la expansión natural de las comunidades palestinas dentro y alrededor de Jerusalén liberando la máxima cantidad de tierra para el uso de los colonos israelíes”, continúa Halper. “Las demoliciones aumentan la presión sobre los palestinos para que se muden a Cisjordania, de manera que al hacerlo pierden sus derechos de residencia en la ciudad”.
En un acto de rebeldía la organización de Halper y 40 voluntarios internacionales ayudaron a la familia Elayan a reconstruir su casa en un intento de atraer la atención sobre lo que el Comité llama la “silenciosa limpieza étnica” de Jerusalén este. El trabajo se llevó a cabo durante un campamento de verano de dos semanas de duración financiado por el gobierno español. Madrid también pagó la estancia de los 18 voluntarios españoles.
“Es la primera vez que un gobierno apoya la reconstrucción de una casa palestina ‘ilegal’ demolida por las autoridades israelíes,” afirma Halper.
La cuestión de la demolición de casas vuelve a estar de actualidad ahora después de dos incidentes independientes sucedidos en julio en los que dos palestinos, ambos residentes en Jerusalén, circularon por la ciudad en un buldozer arrasando lo que encontraban a su paso. Mataron a tres israelíes y dejaron a otros muchos más. Aunque a ambos palestinos los mataron en el lugar de un tiro, los altos cargos israelíes, incluyendo a Ehud Barak, ministro de Defensa, están pidiendo la demolición de sus casas, lo que dejaría a sus familias sin hogar, para disuadir a otros de hacer lo mismo.
Esta destrucción punitiva de casas acabó en 2005 por la amenaza de recusaciones legales, pero no antes de que 270 casas fueran arrasadas “por razones de seguridad” durante el primer año de la Intifada.
Sin embargo, según Halper, el uso de las demoliciones contra palestinos acusados de construcción ilegal es un problema mucho más importante. “Calculamos que al menos se han destruido 18.000 casas durante las cuatro décadas de ocupación”.
De hecho Halper cree que es posible que el número real de casas demolidas sea el doble de las cifras oficiales. Muchas demoliciones no están registradas y las hacen los propios palestinos por temor a las fuertes multas que se les imponen cuando el ejército israelí emite la orden de demolición.
“La mayoría de las demoliciones son de edificios de varias plantas que son el hogar de varias familias, lo que significa que mucho más de 100.000 familias palestinas pueden haberse quedado sin hogar debido a las políticas administrativas israelíes”, afirmó.
Desde que se fundó hace una década, el Comité Israelí contra la Demolición de Casas ha reconstruido 150 casas palestinas como parte de su campaña para llamar la atención de los judíos israelíes y de la comunidad internacional sobre el problema de la demolición de casas. Ha sido una batalla muy difícil, dice Halper. La Unión Europea, que ha mejorado recientemente sus relaciones con Israel, anunció este mes la retirada de su financiación al ICAHD.
Pero el campo de trabajo de este año puede que haga un poco más difícil que se sigan demoliendo casa en Anata, opina Halper: “una cosa es destruir una casa construida de manera supuestamente ilegal por un palestino y otra destruir una construida con dinero proporcionado por el gobierno español”.
Halper también cree que al presentar estos grupos como campamentos de verano de voluntarios de la causa palestina puede hacer que empiece a cambiar la percepción del público.
Alonso Santos, un estudiante de arquitectura madrileño de 21 años, afirmó que había aprendido mucho al ver de primera mano la vida palestina bajo la ocupación.
“Se me abrieron los ojos al darme cuenta de que los principios de planificación urbanística que nos enseñan en la universidad los estaban usando los israelíes pero exactamente con el propósito contrario del habitual. Las normas de planificación aquí están diseñadas no para mejorar la vida de los palestinos sino para hacérselas más miserables”.
Los voluntarios se alojaron el un centro de paz situado en Anata y levantado en el lugar donde estaba la casa de Salim Shawamreh, que fue demolida cuatro veces por las autoridades israelíes. Conocida como la Casa Arabiya, por el nombre de la mujer de Shawamreh, uno de los lados del edificio está decorado con un mural que describe la muerte de Rachel Corrie, una pacifista estadounidense, por un buldozer israelí que había estado demoliendo casas en Gaza.
“Imagine que sus hijos se van por la mañana al colegio y cuando vuelven más tarde se dan cuenta de su casa, todo su mundo, ha desaparecido mientras estaban fuera”, dijo Shawamreh. “Eso les ocurrió a mis hijos cuatro veces. Es de una crueldad que no se puede expresar con palabras”.
Shawamreh, cuya familia eran refugiados de 1948 procedentes del norte de Negev, dijo que el ICAHD y él habían creado el centro de paz para llamar la atención sobre el difíciles condiciones de vida de los palestinos de Anata. Hoy la casa esta bajo la vista de una comisaría de policía situada en el valle, que es parte del futuro crecimiento de un enorme asentamiento judío, Maale Adumum, que los palestinos y los grupos de derechos humanos israelíes creen que está dividiendo en dos Cisjordania.
El centro de paz también está cerca tanto del serpenteante trazado del muro de separación israelí y de una nueva carretera de circunvalación (que forma parte de lo que se considera un sistema de carreteras de apartheid) que se está construyendo para garantizar que los colonos judíos pueden conducir separados de los palestinos por toda Cisjordania.
La Casa Arabiya tiene un aplazamiento temporal de demolición mientras los tribunales israelíes determinan su estatus.
Halper afirma que los jueces son reacios a confirmar la orden de demolición porque su grupo ha amenazado con llevar el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia si el veredicto es contrario a la casa.
Jonathan Cook es un periodista y escritor que trabaja en Nazareth. Sus últimos libros son Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestine: Israel's Experiments in Human Despair (Zed Books). Su página web es www.jkcook.net.
Este artículo fue publicado originalmente en The National (http://www.thenational.ae), publicado en Abu Dhabi.
La demolición, que se llevó a cabo hace cuatro años, dejó a Nader Elayan, a su mujer, Fidaa, ahora embarazada, y a sus dos niños pequeños sin más lugar para vivir que una habitación en la ya abarrotada casa de su hermano. Es la única tierra que posee y ha invertido todos los ahorros en construir la ahora demolida casa.
En los últimos años dos docenas de otras familias del pueblo palestino de Anata, a las afueras de Jerusalén este, han compartido el mismo destino que Nader Elayan. Otros cientos más de familias tienen órdenes de demolición pesando sobre sus casas. “ No se ha concedido el permiso para construir una casa ni a una sola persona de mi barrio”, dice Nader Elayan, de 37 años.
El problema de la demolición de casas afecta a los palestinos de todos los territorios ocupados. Pero según Hatem Abdelkader, un asesor de Salam Fayyad, el primer ministro palestino, la situación es particularmente grave en la zona de Jerusalén este.
Indicó que el resultado de la política de Israel de denegar los permisos de construcción a muchos de los 250.000 palestinos de Jerusalén este ha sido la clasificación de 20.000 casas de la ciudad como ilegales desde que empezó la ocupación en 1967. Sólo el año pasado el ayuntamiento de Jerusalén emitió más de mil órdenes de demolición de “viviendas ilegales”. Se cree que tres de cada cuatro casas palestinas en la ciudad están construidas sin permiso.
“La construcción ilegal es simplemente un pretexto para destruir las casas y las vidas de las familias palestinas”, afirma Jeff Halper, director del Comité Israelí contra la Demolición de Casas (ICAHD, por sus siglas en inglés).
“Las demoliciones forman parte de una política de detener la expansión natural de las comunidades palestinas dentro y alrededor de Jerusalén liberando la máxima cantidad de tierra para el uso de los colonos israelíes”, continúa Halper. “Las demoliciones aumentan la presión sobre los palestinos para que se muden a Cisjordania, de manera que al hacerlo pierden sus derechos de residencia en la ciudad”.
En un acto de rebeldía la organización de Halper y 40 voluntarios internacionales ayudaron a la familia Elayan a reconstruir su casa en un intento de atraer la atención sobre lo que el Comité llama la “silenciosa limpieza étnica” de Jerusalén este. El trabajo se llevó a cabo durante un campamento de verano de dos semanas de duración financiado por el gobierno español. Madrid también pagó la estancia de los 18 voluntarios españoles.
“Es la primera vez que un gobierno apoya la reconstrucción de una casa palestina ‘ilegal’ demolida por las autoridades israelíes,” afirma Halper.
La cuestión de la demolición de casas vuelve a estar de actualidad ahora después de dos incidentes independientes sucedidos en julio en los que dos palestinos, ambos residentes en Jerusalén, circularon por la ciudad en un buldozer arrasando lo que encontraban a su paso. Mataron a tres israelíes y dejaron a otros muchos más. Aunque a ambos palestinos los mataron en el lugar de un tiro, los altos cargos israelíes, incluyendo a Ehud Barak, ministro de Defensa, están pidiendo la demolición de sus casas, lo que dejaría a sus familias sin hogar, para disuadir a otros de hacer lo mismo.
Esta destrucción punitiva de casas acabó en 2005 por la amenaza de recusaciones legales, pero no antes de que 270 casas fueran arrasadas “por razones de seguridad” durante el primer año de la Intifada.
Sin embargo, según Halper, el uso de las demoliciones contra palestinos acusados de construcción ilegal es un problema mucho más importante. “Calculamos que al menos se han destruido 18.000 casas durante las cuatro décadas de ocupación”.
De hecho Halper cree que es posible que el número real de casas demolidas sea el doble de las cifras oficiales. Muchas demoliciones no están registradas y las hacen los propios palestinos por temor a las fuertes multas que se les imponen cuando el ejército israelí emite la orden de demolición.
“La mayoría de las demoliciones son de edificios de varias plantas que son el hogar de varias familias, lo que significa que mucho más de 100.000 familias palestinas pueden haberse quedado sin hogar debido a las políticas administrativas israelíes”, afirmó.
Desde que se fundó hace una década, el Comité Israelí contra la Demolición de Casas ha reconstruido 150 casas palestinas como parte de su campaña para llamar la atención de los judíos israelíes y de la comunidad internacional sobre el problema de la demolición de casas. Ha sido una batalla muy difícil, dice Halper. La Unión Europea, que ha mejorado recientemente sus relaciones con Israel, anunció este mes la retirada de su financiación al ICAHD.
Pero el campo de trabajo de este año puede que haga un poco más difícil que se sigan demoliendo casa en Anata, opina Halper: “una cosa es destruir una casa construida de manera supuestamente ilegal por un palestino y otra destruir una construida con dinero proporcionado por el gobierno español”.
Halper también cree que al presentar estos grupos como campamentos de verano de voluntarios de la causa palestina puede hacer que empiece a cambiar la percepción del público.
Alonso Santos, un estudiante de arquitectura madrileño de 21 años, afirmó que había aprendido mucho al ver de primera mano la vida palestina bajo la ocupación.
“Se me abrieron los ojos al darme cuenta de que los principios de planificación urbanística que nos enseñan en la universidad los estaban usando los israelíes pero exactamente con el propósito contrario del habitual. Las normas de planificación aquí están diseñadas no para mejorar la vida de los palestinos sino para hacérselas más miserables”.
Los voluntarios se alojaron el un centro de paz situado en Anata y levantado en el lugar donde estaba la casa de Salim Shawamreh, que fue demolida cuatro veces por las autoridades israelíes. Conocida como la Casa Arabiya, por el nombre de la mujer de Shawamreh, uno de los lados del edificio está decorado con un mural que describe la muerte de Rachel Corrie, una pacifista estadounidense, por un buldozer israelí que había estado demoliendo casas en Gaza.
“Imagine que sus hijos se van por la mañana al colegio y cuando vuelven más tarde se dan cuenta de su casa, todo su mundo, ha desaparecido mientras estaban fuera”, dijo Shawamreh. “Eso les ocurrió a mis hijos cuatro veces. Es de una crueldad que no se puede expresar con palabras”.
Shawamreh, cuya familia eran refugiados de 1948 procedentes del norte de Negev, dijo que el ICAHD y él habían creado el centro de paz para llamar la atención sobre el difíciles condiciones de vida de los palestinos de Anata. Hoy la casa esta bajo la vista de una comisaría de policía situada en el valle, que es parte del futuro crecimiento de un enorme asentamiento judío, Maale Adumum, que los palestinos y los grupos de derechos humanos israelíes creen que está dividiendo en dos Cisjordania.
El centro de paz también está cerca tanto del serpenteante trazado del muro de separación israelí y de una nueva carretera de circunvalación (que forma parte de lo que se considera un sistema de carreteras de apartheid) que se está construyendo para garantizar que los colonos judíos pueden conducir separados de los palestinos por toda Cisjordania.
La Casa Arabiya tiene un aplazamiento temporal de demolición mientras los tribunales israelíes determinan su estatus.
Halper afirma que los jueces son reacios a confirmar la orden de demolición porque su grupo ha amenazado con llevar el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia si el veredicto es contrario a la casa.
Jonathan Cook es un periodista y escritor que trabaja en Nazareth. Sus últimos libros son Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestine: Israel's Experiments in Human Despair (Zed Books). Su página web es www.jkcook.net.
Este artículo fue publicado originalmente en The National (http://www.thenational.ae), publicado en Abu Dhabi.
